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Desde el Congreso de la República se encendieron las alertas tras conocerse que varios influenciadores, cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, habrían sido transportados en aeronaves oficiales de la Policía Nacional.
La situación ha generado polémica, especialmente porque algunos de estos creadores de contenido han sido señalados por participar en campañas de desprestigio contra la oposición y medios críticos del Gobierno.
A través de un derecho de petición, el Congreso solicitó explicaciones formales al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y al director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana. La inquietud se centra en el uso de recursos públicos para facilitar los desplazamientos de personas que no ejercen funciones periodísticas ni institucionales, sino que se dedican a la promoción y propaganda política del presidente.
“¿Por qué personas dedicadas a la propaganda política de Petro, que no son medios de comunicación, están utilizando aviones pagados con recursos de los colombianos para asistir a eventos del mandatario?”, fue uno de los cuestionamientos planteados en el documento enviado desde el Legislativo.
Además, se denunció que algunos de estos influenciadores han sido protagonistas de campañas de difamación y falsas denuncias contra figuras de la oposición, lo que ha encendido aún más el debate sobre el uso de bienes públicos para fines políticos.
Lupa de la Controlaría
Ante esta situación, la Controlaría General de la República compulsó copias al Ministerio de Defensa a fin de qué entreguen las respectivas explicaciones sobre lo denunciando por el parlamento.
