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La gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra Zúñiga , arrancó su mandato dejando una señal que preocupa: nuevamente tuvo que ser sancionada por la justicia para obligarla a cumplir una orden judicial.
El episodio vuelve a poner en duda el respeto de su administración por las decisiones de los jueces, incluso en los primeros meses de gobierno. En esta oportunidad, la jueza le impuso tres días de arresto y una multa equivalente a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes , además de ordenar la consignación obligatoria de ese dinero a favor de la Nación , como consecuencia directa de su incumplimiento.
El Juzgado Segundo Penal Municipal de Santa Marta la declaró en desacato por no acatar un fallo de tutela emitido el 24 de noviembre de 2025 , que le ordenaba responder de manera clara, completa y de fondo a una solicitud relacionada con pagos a los diputados de la Asamblea del Magdalena .
Aunque la Gobernación informó que se realizaron algunos pagos, el despacho judicial concluyó que la respuesta fue incompleta , razón por la cual se se hizo necesaria la imposición de sanciones para forzar el cumplimiento.
El fallo deja una pregunta incómoda sobre la mesa: si apenas comenzando su administración la gobernadora tuvo que ser arrestada y multada para acatar una orden judicial, ¿qué puede esperar el Magdalena más adelante? La justicia fue clara al señalar la renuencia y la falta de voluntad para cumplir, un precedente nada alentador para un mandato que apenas empieza y que ya queda marcado por el incumplimiento de deberes básicos frente al Estado de Derecho. 
