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La sombra de la corrupción vuelve a caer sobre la administración de la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson. La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en su contra por presuntas irregularidades en multimillonarios contratos de esterilización animal que hoy son señalados como un posible saqueo disfrazado de política pública.
La diligencia judicial fue programada para el próximo 2 de julio de 2026 ante el Juzgado Octavo Penal Municipal de Santa Marta. Los delitos que le atribuirían son contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, es decir, presunto uso indebido de recursos públicos que debían destinarse al bienestar animal y terminaron convertidos en un escándalo de sobrecostos y gastos inflados.
El caso estalló luego de múltiples denuncias periodísticas y técnicas que dejaron al descubierto cifras difíciles de justificar. Mientras veterinarios independientes realizaron cerca de mil esterilizaciones con alrededor de 45 millones de pesos, desde la administración distrital se pretendían gastar cientos de millones para apenas duplicar esa cifra. La diferencia no solo encendió alarmas: destapó un posible entramado de despilfarro con insumos cobrados por encima de su valor real, refrigerios fantasmas, alquileres exagerados y facturación cuestionada en transporte y logística.
Años después, las inconsistencias crecieron todavía más. Una licitación que prometía 8.000 esterilizaciones terminó reducida prácticamente a la mitad, pero conservando un presupuesto cercano a los 1.100 millones de pesos. La Contraloría encontró hallazgos fiscales y administrativos superiores a los 684 millones, incluyendo posibles dobles cobros y gastos sin soporte real.
Lo más indignante del caso es que mientras miles de animales seguían abandonados en las calles y organizaciones animalistas luchaban con recursos mínimos, desde el poder político se habría montado una contratación llena de lujos injustificables y cifras infladas. Camisetas cobradas como si fueran de diseñador, alquileres más caros que comprar los elementos y costos veterinarios disparados forman parte del expediente que hoy tiene a la exmandataria contra las cuerdas.
La audiencia del próximo julio podría marcar uno de los capítulos judiciales más delicados para el movimiento político que gobernó Santa Marta durante los últimos años y vuelve a abrir el debate sobre cómo terminaron convertidos en negocio contratos que debían proteger la vida animal y servir a la ciudadanía.
