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La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la transformación de las estrategias usadas por grupos armados ilegales para reclutar menores de edad en el país, señalando que ahora utilizan redes sociales, manipulación emocional y entornos digitales para captar niños y adolescentes.
Según cifras reveladas por la Unidad para las Víctimas, hasta el 30 de abril de 2026 se han registrado 11.830 menores vinculados a actividades de organizaciones ilegales en Colombia. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó que ha atendido a 2.259 niños y adolescentes en programas especializados, en su mayoría jóvenes entre los 13 y 17 años.
El ente de control alertó que detrás de este fenómeno persisten factores como la pobreza, la deserción escolar, la falta de presencia estatal y la expansión territorial de grupos armados en varias regiones del país.
La delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer, María Fernanda Rangel, aseguró que la protección de los menores no puede recaer únicamente sobre el ICBF y pidió mayor articulación institucional para evitar que los jóvenes regresen a escenarios de violencia.
“Todas las entidades debemos articularnos para ellos, es la única forma de evitar que estos niños y adolescentes regresen a la guerra y puedan reconstruir sus proyectos de vida”, afirmó la funcionaria.
La Procuraduría también denunció fallas y ausencias reiteradas de entidades nacionales y territoriales en los procesos de atención y reintegración de menores desvinculados del conflicto armado.
Ante este panorama, el organismo anunció un proyecto piloto junto al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en varias ciudades capitales del país, con el objetivo de fortalecer la inclusión social y reducir el riesgo de reincidencia entre los jóvenes afectados por el conflicto.
