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Un uniformado de la Policía Metropolitana de Santa Marta ha hecho pública una grave situación de persecución y acoso laboral que viene sufriendo desde el año pasado, luego de que su labor de acercamiento a la comunidad no fuera bien vista por algunos mandos dentro de la institución. El agente, visiblemente afectado, teme por su seguridad, la de su hijo y su madre, y denuncia una serie de traslados injustificados que culminaron con su envío a San Andrés, lo que interpreta como una medida para forzar su renuncia.
En un desgarrador relato, el policía, cuya identidad se omite por seguridad, expuso a través de redes sociales la difícil situación que atraviesa junto a su familia. Según sus declaraciones, su calvario comenzó tras dedicarse a labores de educación ciudadana y mejoramiento de la imagen policial en Santa Marta, acciones que, en lugar de ser reconocidas, generaron malestar dentro de la institución.
El uniformado manifestó que su función policial fue progresivamente limitada, recibiendo órdenes e instrucciones que le impedían atender requerimientos ciudadanos e incluso procedimientos básicos como accidentes de tránsito, desconociendo su juramento de proteger vida, bienes y honra. Esta situación derivó en la apertura de una investigación disciplinaria a raíz de un video realizado con un menor de edad, en su tiempo libre, con el objetivo de concientizar sobre el cuidado infantil. El policía niega rotundamente las acusaciones de secuestro o retención forzada del menor, afirmando tener pruebas que sustentan que el video fue actuado en un contexto escolar y con el conocimiento de las autoridades pertinentes.
Según su testimonio, esta investigación disciplinaria fue impulsada por un suboficial, presuntamente bajo órdenes de un oficial de la policía, quienes habrían presentado un informe calumnioso sin ningún tipo de soporte. El uniformado denunció estos hechos ante la Fiscalía y la Procuraduría, lo que, según él, ha empeorado la situación.
A la persecución laboral se suma el desconocimiento de un traslado especial que la misma Policía le había otorgado a finales de 2021. Este traslado a Santa Marta desde Norte de Santander, una zona de alta complejidad de orden público donde prestaba servicio, se dio para que pudiera cuidar de su madre, cuya salud se había visto afectada. El policía relata cómo su presencia y apoyo han sido fundamentales para la recuperación de su progenitora, situación que era conocida por la institución, incluso a través de evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias.
Sin embargo, la estabilidad lograda en Santa Marta se vio truncada con traslados posteriores a Ciénaga y, finalmente, a San Andrés. El uniformado interpreta estos movimientos como una estrategia para aislarlo y presionarlo a renunciar, castigándolo por ser un "buen muchacho" y un policía honesto que busca ayudar a la comunidad.
La angustia del policía se intensifica al pensar en la seguridad de su hijo y su madre, temiendo que las personas detrás de esta persecución puedan tomar represalias contra ellos. Asimismo, la inestabilidad laboral y emocional está afectando su vida personal y sus planes de formar un hogar junto a su esposa, con quien se encuentra en un tratamiento para concebir.
El uniformado hace un llamado desesperado a las autoridades competentes para que investiguen su caso y pongan fin a esta situación que está afectando gravemente su vida y la de su familia. Su testimonio pone en evidencia las posibles problemáticas internas dentro de la institución policial en Santa Marta y la necesidad de proteger a aquellos agentes que trabajan por el bienestar de la comunidad.
