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Las promesas de “orden laboral” y dignificación del trabajo que rodean el discurso del equipo político de Abelardo de la Espriella comienzan a enfrentar un contraste incómodo con señalamientos y procesos judiciales que hoy rodean a uno de sus hombres de confianza en campaña.
Se trata de Joaquín Gutiérrez, empresario samario y señalado como pieza clave en la estructura política del aspirante presidencial, quien en el discurso público ha defendido la estabilidad laboral y el fortalecimiento del empleo formal en el país. Sin embargo, según lo que reveló la Silla Vacía este enfrenta múltiples demandas laborales. De acuerdo con reportes de extrabajadores, su historial empresarial estaría lejos de ese ideal.
En el caso de la empresa Amritzar, trabajadores del sector salud han interpuesto más de una docena de acciones civiles alegando incumplimientos salariales y falta de pago de prestaciones. De acuerdo con estas versiones, incluso tras un acuerdo de pago suscrito en 2023 con mediación del Ministerio del Trabajo, los compromisos habrían sido incumplidos parcialmente, lo que llevó a nuevas demandas con pretensiones de embargo para recuperar los recursos adeudados.
A este escenario se suma otro episodio: la clínica Santa Mónica de Barranquilla habría sido objeto de medidas de embargo tras controversias por el pago de servicios prestados por proveedores del área de laboratorio clínico, lo que abre otro frente de cuestionamientos sobre la gestión financiera de empresas relacionadas.
El punto que más ruido genera en el debate político es la aparente contradicción entre ese historial judicial y laboral, y el programa de gobierno asociado a la campaña de De la Espriella, donde se plantea una inyección cercana a los 10 billones de pesos al sector salud para estabilizar las finanzas de clínicas públicas y privadas.
Para críticos del proceso, esta tensión entre discurso y hechos plantea interrogantes sobre la coherencia del equipo que acompaña al aspirante. En particular, porque Gutiérrez ha sido presentado como uno de los articuladores del componente laboral del programa, mientras enfrenta cuestionamientos por presuntos incumplimientos con trabajadores.
Las demandas activas y los procesos en curso mantienen el tema en el centro del debate político y mediático en torno a la campaña.
