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La Contraloría General de la Nación ha iniciado una profunda investigación sobre un controvertido contrato por 3.638 millones de pesos suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación Bastidas.
La preocupación central radica en que los recursos, destinados a la atención de 1.011 niños vulnerables en 25 centros en los municipios de Fundación y Aracataca, no estarían reflejándose en la realidad, según denunciantes.
Las alarmas se encendieron cuando ciudadanos, amparados en sus derechos constitucionales, manifestaron no encontrar rastro de los servicios de Primera Infancia (Desarrollo Infantil en Medio Familiar - DIMF) que el contrato supuestamente garantiza. "Lo que nos preocupa es que si el ICBF firmó ese contrato con la Fundación Bastidas, la prestación de los servicios... no la hemos visto. ¿Dónde están realmente atendidos 1.011 niños nuevos? Eso es mentira", afirmó uno de los denunciantes, exponiendo la magnitud del presunto incumplimiento.
Los denunciantes han solicitado formalmente a la seccional Magdalena del ICBF copias de la documentación de la Fundación Bastidas, registros fotográficos de los supuestos centros, sus direcciones físicas exactas, números de contacto y certificaciones de su existencia.
El objetivo es verificar la tangibilidad de los 15 centros prometidos para 576 niños en Fundación y los 10 centros para 435 niños en Aracataca.
Por su parte, el ICBF Regional Magdalena, a través de su coordinadora del Centro Zonal Fundación, Julieth Paola Soto Pérez, ha respondido indicando que la Fundación Bastidas es un operador válido y que la supervisora del contrato ha verificado la documentación presentada, asegurando que todo está dentro del marco de la ejecución. Según la entidad, la atención para los 1.011 cupos en Aracataca y Fundación inició el 6 de marzo de 2024.
Además, el ICBF se remite a su "Manual Operativo Modalidad Familiar para la Atención a la Primera Infancia V7", explicando que la estructura operativa de los servicios se basa en "Grupos Territoriales (GT)" y "Unidades de Atención (UA)". Estas UA son la unidad de medida más pequeña para la atención, agrupando un número específico de usuarios.
Sin embargo, para los denunciantes, esta explicación técnica no se traduce en evidencia en el terreno.
"No logramos evidenciar... si las Unidades de Atención (UA) son la unidad de medida más pequeña para la atención... eso es lo que no vemos. La verdad no vemos la cantidad de centros para atención a niños que ellos dicen que están atendiendo", reiteró un denunciante, subrayando que, a pesar de conocer la existencia de la Fundación, no han podido localizar los centros habilitados por el ICBF.
Ante la persistencia de las dudas y la falta de pruebas tangibles, los ciudadanos decidieron escalar el caso a la Contraloría General de la Nación, solicitando una revisión exhaustiva de la ejecución de este contrato millonario. Sostienen que, a simple vista, el cumplimiento de las obligaciones contractuales no es evidente, ya que los 25 centros mencionados en el contrato no se perciben físicamente.
Desde la Contraloría se ha enfatizado que la misión del ICBF es trabajar con calidad y transparencia por el desarrollo y la protección integral de la primera infancia y el bienestar de las familias colombianas. La entidad de control ha dejado claro que la alegación de que los centros no existen es motivo de seria preocupación y que su objetivo es verificar la transparencia en la ejecución de un contrato tan vital para la infancia vulnerable. La investigación buscará determinar si los millonarios recursos están llegando realmente a los niños que los necesitan.
