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De: Vilbrum Tovar Peña
Con profunda Preocupación me dirijo a usted (Humberto Guatinonza) por lo que personalmente observe en la ciudad de Barranquilla el pasado 20 de mayo de la presente anualidad.
Si queremos evitar un derramamiento de sangre y la devastación del país, debemos priorizar, sin vacilaciones, la máxima inversión en la protección del jefe de Estado y del Gobierno.
No nos inquietan las fanfarronadas de quienes buscan protagonismo con desafíos estériles; lo realmente preocupante son aquellos que operan en las sombras, sin discursos altisonantes, pero con inversiones calculadas en armamento sofisticado y de precisión letal.
La seguridad del presidente debe adaptarse a los tiempos y a los riesgos reales. Es imperativo implementar tecnologías de vanguardia que refuercen su protección y neutralicen cualquier amenaza antes de que se materialice.
La historia nos ha enseñado que la improvisación en materia de seguridad tiene consecuencias irreversibles. No podemos permitirnos otra tragedia que nos arrastre hacia una guerra civil costosa e interminable. Es momento de actuar con visión y contundencia, porque la estabilidad de la nación depende de ello.
Nadie mejor que usted para darse cuenta que estamos improvisando la protección del presidente de la republica y nadie mejor que usted para advertir los riesgos que estamos afrontando.
La responsabilidad de garantizar la seguridad del jefe del Estado es una tarea que no admite margen de error ni complacencias.
La agenda presidencial es intensa y multifacética, lo que puede generar retrasos y ajustes logísticos, pero cuando el mandatario se presenta ante el pueblo, debe existir un protocolo impecable de protección, que responda a la magnitud del riesgo al que está expuesto.
Los tiempos han cambiado, y los adversarios del orden democrático no operan bajo esquemas convencionales.
Las mafias internacionales y los actores que ven amenazados sus intereses no recurren a provocaciones públicas; invierten en tecnología letal de alta precisión. Su arsenal no se limita a discursos incendiarios, sino a estrategias silenciosas que involucran francotiradores, drones y herramientas de inteligencia sofisticadas. Subestimar estas amenazas sería un acto de negligencia con consecuencias irreversibles.
El gobierno tiene la obligación de ejecutar las medidas de seguridad más avanzadas, sin restricciones presupuestarias. Es imperativo reforzar los esquemas de protección y dotar al presidente de herramientas que garanticen su integridad en todo momento. Se requiere la implementación urgente de una cabina blindada transparente, similar a la utilizada por el Papa en actos multitudinarios, para minimizar el riesgo en escenarios públicos.
El evento reciente en Barranquilla fue una advertencia inaceptable: la seguridad estaba claramente comprometida. Hubo una preocupante ausencia de uniformados en las vías de acceso, no se realizaron controles de requisa adecuados, y el ingreso del público se permitió sin filtros mínimos de seguridad. Maletines, mochilas y bolsos entraron sin supervisión, representando un riesgo crítico para la seguridad presidencial. Esta falta de previsión no puede repetirse.
Si queremos frustrar cualquier intento de quienes han contemplado acciones contra la estabilidad del país, es hora de hacer una inversión sin precedentes en la seguridad del presidente Gustavo Petro. La protección del jefe de Estado no es un gasto, sino una necesidad vital para la preservación del orden democrático. El riesgo que enfrentamos es enorme, y solo una estrategia de seguridad bien dimensionada podrá neutralizarlo antes de que sea demasiado tarde.
