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Un nuevo foco de tensión comienza a formarse en la política del Magdalena, y todo apunta a que podría escalar a un escándalo de grandes proporciones.
En el centro de la controversia aparecen la secretaria de Educación del departamento y agente liquidadora del Movimiento Fuerza Ciudadana, Adriana Trujillo, y el exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez.
¿La razón? La circulación de documentos, actas y referencias a registros mercantiles que los vinculan a un negocio de alto valor económico en el sector de El Rodadero.
De acuerdo con la información que ha empezado a conocerse, existe un acta de reunión extraordinaria de asamblea general de accionistas identificada como la número 003 del 24 de junio de 2025 en la que se mencionaría la sociedad “TIEMPO EXTRA 90+ S.A.S.”. En ese documento se hace referencia a una participación accionaria de ambos en la compañía, asociada a un establecimiento comercial.
Estamos hablando de un proyecto cuya inversión superaría los 3 mil millones de pesos. Una cifra que, por sí sola, obliga a encender las alarmas y a exigir claridad absoluta sobre varios puntos clave: el origen de los recursos, la composición real de la sociedad, su registro formal y cualquier eventual relación con la contratación pública.
Aquí es donde la discusión deja de ser política y se convierte en un asunto de transparencia. Y aún más delicado cuando con calculadora en mano y sacando cuentas se puede detectar que los ingresos de la Secretaría de Educación y la Gobernación no cuadran para realizar este tipo de inversiones millonarias.
A lo anterior se le suma los rumores de presuntas actividades de lavado de Activos y trama de corrupción, que involucraría a la pareja sentimental de Adriana Trujillo, quien estuvo por un corto periodo como Secretaría de Educación y ex secretario Desarrollo Económico Edwin De La Cruz a quien en los corrillos políticos lo señalan como presunto testaferro de una banda criminal, a quien le administra propiedades en varias ciudades de la costa atlántica.
Y acá es donde se genera la preocupación, porque tratándose de una funcionaria que tiene a su cargo la ordenación del gasto en la Secretaría de Educación, cualquier posible vínculo con actividades empresariales debe estar plenamente declarado, soportado y libre de conflictos de interés.
Más aún cuando en el mismo escenario aparece una figura de alto peso político como Rafael Martínez, porque cuando los nombres de alto perfil coinciden en escenarios empresariales de gran escala, la línea entre lo público y lo privado deja de ser difusa y empieza a ser peligrosa.
