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La Agencia Nacional de Tierras (ANT) lamentó y rechazó el asesinato del líder campesino Diomedes Mejía Navarro, ocurrido en el departamento del Magdalena. El dirigente hacía parte de la junta directiva de la Asociación de Víctimas Desplazadas de la Lucha, organización con presencia en el municipio de San Sebastián de Buenavista.
Según la entidad, Mejía Navarro era reconocido por su participación en procesos relacionados con la Reforma Agraria y la defensa de los derechos de comunidades campesinas en la región.
De acuerdo con la ANT, la asociación a la que pertenecía el líder fue beneficiaria en diciembre pasado del predio El Garzal, ubicado en el municipio de San Zenón, Magdalena, con una extensión de 1.939 hectáreas. Este terreno forma parte de un proceso de compra adelantado entre la Agencia Nacional de Tierras y la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El predio se encuentra actualmente en proceso de extinción de dominio contra Jorge Luis Alfonso López, hijo de Enilce López, conocida como alias “La Gata”, quien fue condenada por parapolítica, mientras que su hijo enfrenta condenas por homicidio agravado y concierto para delinquir.
Durante la diligencia de aprehensión material del terreno, liderada por el director general de la ANT, Juan Felipe Harman, junto a integrantes de las Fuerzas Armadas, se halló material de guerra en el lugar. Según las autoridades, el predio continuaba bajo el control de Alfonso López, presuntamente a través de Jairo Cantillo, alias “El Turco”.
La ANT también recordó que el pasado 9 de noviembre de 2025 fue asesinado Luis Eduardo Cisneros, otro líder de la misma asociación de víctimas. Con la muerte de Mejía Navarro, ya son dos los campesinos asesinados en medio de disputas relacionadas con este terreno.
Ante la situación de violencia en la zona, organizaciones beneficiarias del predio han comenzado a desplazarse por temor a nuevos ataques.
La entidad hizo un llamado al Gobierno nacional para que se refuercen las acciones interinstitucionales con el fin de garantizar la seguridad y la protección de las familias campesinas vinculadas al proceso.
Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras expresó su solidaridad con los familiares del líder asesinado e informó que ya se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la investigación del crimen y garantizar que el predio El Garzal sea entregado a comunidades campesinas.
