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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) manifestó su profunda preocupación por el reciente fallo del Consejo de Estado que anuló el Decreto 1500 de 2018, normativa que reconocía la Línea Negra como delimitación espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La entidad advirtió que esta decisión genera un escenario de incertidumbre frente a la protección integral de las comunidades originarias.
Según la URT, la Línea Negra constituye un referente fundamental para salvaguardar los derechos territoriales, culturales y espirituales de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Su reconocimiento jurídico había sido fruto de procesos históricos de concertación, así como de decisiones judiciales orientadas a garantizar derechos fundamentales y cumplir el mandato constitucional de proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación.
La entidad reiteró que la garantía del derecho al territorio es un pilar esencial para la reparación integral de los pueblos indígenas víctimas del conflicto armado, así como para la consolidación de la paz y la sostenibilidad ambiental. En ese sentido, hizo un llamado respetuoso a las instituciones del Estado para que adopten medidas que aseguren la protección efectiva de los derechos territoriales de estas comunidades y fortalezcan el diálogo con sus autoridades legítimas.
