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Un fuerte revés judicial recibió el Ministerio de Salud luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenara la suspensión inmediata del Decreto 182 de 2026, una norma que buscaba redistribuir a millones de afiliados del sistema de salud hacia otras EPS en el país.
La decisión fue tomada por el magistrado Daniel Montero Betancur, tras una acción popular que advertía riesgos en la prestación del servicio y posibles vulneraciones al derecho fundamental a la salud. El Tribunal consideró que la medida podría generar un colapso en la atención médica y afectar la continuidad de tratamientos, cirugías y servicios para millones de usuarios.
Según las cifras presentadas en el proceso, el decreto pretendía trasladar a 6.606.371 afiliados. De ellos, Nueva EPS recibiría cerca de 3.198.875 pacientes, Savia Salud alrededor de 289.262 y EPS S.O.S. aproximadamente 533.429 usuarios, entre otras entidades.
Uno de los principales puntos de preocupación señalados por el Tribunal es que la Nueva EPS podría convertirse en la única aseguradora en 502 municipios del país, lo que reduciría significativamente la posibilidad de que los ciudadanos puedan elegir o cambiar de entidad prestadora de salud.
Además, varios de los traslados contemplados en el decreto se dirigirían hacia EPS que actualmente se encuentran bajo intervención de la Superintendencia de Salud, situación que, según el Tribunal, podría poner en riesgo la capacidad de atención del sistema y la estabilidad en la prestación de los servicios médicos.
Con esta decisión judicial, la aplicación del decreto queda suspendida de manera provisional mientras avanza el proceso y se define de fondo la legalidad de la medida.
