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Una denuncia disciplinaria con solicitud de suspensión provisional fue presentada ante la Procuraduría Regional del Magdalena contra Afranio Otero Maldonado, gerente del Hospital La Candelaria de El Banco, señalado de presionar a funcionarios y contratistas para asistir a un evento político disfrazado de inauguración de obra pública.
La queja, interpuesta por una ciudadana, detalla que Otero Maldonado habría enviado un audio vía WhatsApp a todo el personal del hospital ordenando su presencia —y la de un familiar— en la inauguración del colegio Santa Teresa de Jesús, realizada el 30 de septiembre de 2025, donde se rendiría homenaje a los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes del movimiento Fuerza Ciudadana.
"...se les comunicó, se les informó, se les socializó el evento (...) todavía no tenemos ni el 50 por ciento de las personas que debieron asistir (...) no quiero que se generen situaciones que después nos vayan a perjudicar por el ausentismo de ustedes”,
habría dicho el gerente en el mensaje, según consta en la transcripción oficial incluida en la denuncia.
La denuncia solicita que la Procuraduría suspenda provisionalmente al funcionario por abuso de poder, constreñimiento laboral y participación indebida en política, conductas que violan los principios de imparcialidad y moralidad administrativa consagrados en la Constitución y la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario).
De acuerdo con el documento, la orden de asistir al evento fue impartida en el marco de la relación contractual con el hospital, lo que generó presión y temor entre los empleados por la dependencia de sus contratos. La exigencia de asistir con un familiar, añade la queja, refuerza el carácter proselitista de la convocatoria.
El caso ha causado rechazo e indignación entre la ciudadanía y sectores del sector salud, que califican el hecho como un nuevo episodio del uso político de las instituciones públicas bajo la órbita del movimiento Fuerza Ciudadana, justo en medio del ambiente electoral tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena.
Analistas locales advierten que el episodio refleja un patrón de clientelismo institucional que se repite en varias dependencias del departamento, donde funcionarios y contratistas serían utilizados para movilizar respaldo político a favor del movimiento naranja.
La denuncia concluye solicitando una actuación inmediata de la Procuraduría, al considerar que la permanencia del gerente pone en riesgo la función pública y amenaza la neutralidad electoral en el departamento.
Más allá de un hecho aislado, el caso desnuda una realidad incómoda: la manera en que el poder público en el Magdalena parece haberse convertido en una extensión operativa del proyecto político de Fuerza Ciudadana, diluyendo las fronteras entre lo institucional y lo partidista.
