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Una nueva denuncia presentada ante organismos de control y el Congreso de la República pone bajo la lupa a la senadora Carmen Patricia Caicedo Omar por una serie de señalamientos formulados por comunidades campesinas del corregimiento de Palmor, en Ciénaga, Magdalena. Los denunciantes aseguran que cientos de familias que llevan décadas habitando y trabajando en este territorio estarían enfrentando procesos judiciales y administrativos relacionados con sus tierras, al tiempo que cuestionan su presunta exclusión de decisiones sobre la Sierra Nevada de Santa Marta. El documento solicita investigaciones disciplinarias, fiscales y políticas contra funcionarios y actores que, según los campesinos, podrían estar vulnerando sus derechos.
La controversia toma fuerza a partir de una publicación que, según los denunciantes, realizó la senadora Caicedo el 20 de agosto de 2026 , relacionada con una reunión en Katanzama y la iniciativa para impulsar el reconocimiento de la Línea Negra como Patrimonio Biocultural de la Nación . Los campesinos sostienen que en dicha actividad participaron autoridades y delegados indígenas, pero cuestionan que las comunidades campesinas de Palmor no hubieran sido convocadas a una discusión que, desde su perspectiva, también podría tener implicaciones sobre el territorio que habitan y trabajan desde hace décadas.
El reclamo: “también existimos”
En el expediente, las organizaciones campesinas dejan claro que no se oponen a los pueblos indígenas ni a sus derechos constitucionales . Por el contrario, aseguran respetar su territorio, cultura y autonomía. El cuestionamiento apunta a lo que consideran una posible exclusión de los campesinos de los procesos de decisión sobre la Sierra Nevada.
Los denunciantes invocan diferentes disposiciones constitucionales y decisiones judiciales relacionadas con igualdad, participación, derechos de los niños, protección especial al campesinado, propiedad, debido proceso y consulta. En ese sentido, sostienen que cualquier política o iniciativa que pueda afectar sus condiciones de vida debería garantizar también su participación.
151 familias y 65 procesos: la cifra que dispara la alarma
Uno de los aspectos más delicados de la denuncia es la situación jurídica de 151 familias campesinas de Palmor . Los denunciantes aseguran que existen 65 pretensiones o procesos relacionados con sus predios y manifiestan preocupación por el impacto que estos procedimientos podrían tener sobre familias campesinas, mujeres viudas, adultos mayores, jóvenes cafeteros y niños.
Según el documento, la comunidad sostiene que algunas familias llevan entre varias décadas y hasta aproximadamente 50 años de permanencia y trabajo en el territorio . Por eso solicitan a la Agencia Nacional de Tierras —ANT— y a la Unidad de Restitución de Tierras —URT— entregar información detallada sobre los procesos, sus fundamentos y las actuaciones adelantadas.
La denuncia también cuestiona lo que los campesinos califican como una especie de “guerra jurídica” , al señalar que las medidas cautelares y procesos judiciales estarían generando presión sobre las familias. Incluso afirman que el director territorial de la URT habría hablado de tiempos de hasta cinco años para resolver algunas situaciones. Estos señalamientos están contenidos en la denuncia y deberán ser verificados por las autoridades competentes.
¿Y dónde quedó la inversión para Palmor?
El documento no se limita al conflicto por las tierras. Los campesinos también denuncian lo que califican como décadas de abandono estatal .
En su exposición señalan deficiencias históricas en vías, agua potable, energía, educación, salud e infraestructura productiva. Incluso aseguran que la comunidad cafetera continúa enfrentando dificultades para sacar sus cosechas y reclama inversiones que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias.
Por esa razón, solicitan a los organismos de control investigar los recursos públicos que, según ellos, han sido destinados al territorio durante las últimas décadas y establecer si existió inversión efectiva o si se presentaron posibles irregularidades en su ejecución.
También piden revisar recursos y contratos
Otro de los capítulos de la denuncia apunta al manejo de recursos públicos. Los campesinos solicitan auditorías especiales y revisión de contratos, convenios, actas, nóminas y proyectos relacionados con Palmor y con actuaciones de entidades como la ANT y la URT.
El documento plantea además que se investigue la destinación de recursos con “componente étnico” , pues los denunciantes consideran que podría haberse presentado una desigualdad en la distribución de las inversiones públicas frente a la población campesina.
La comunidad pide que se determine si esos recursos fueron utilizados conforme a la ley y si realmente llegaron a las poblaciones para las cuales estaban destinados.
Una denuncia que también apunta al Congreso
Los campesinos no solo acudieron a los organismos de control. También llevaron el caso a la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Congreso , solicitando control político sobre las actuaciones del Ministerio de Agricultura, la ANT y la URT.
Entre sus peticiones está citar a los responsables de estas entidades para responder públicamente qué está ocurriendo con las 65 actuaciones judiciales mencionadas en el documento y qué medidas se adoptarán para atender la situación de las familias de Palmor.
Además, solicitan una audiencia pública directamente en Palmor , con presencia de las instituciones y de las comunidades afectadas.
El expediente incluso habla de posibles daños por billones
Uno de los elementos que más llama la atención es la estimación económica incluida por los propios denunciantes. En el documento realizan una “liquidación respetuosa del daño” y calculan diferentes conceptos que, según su propia valoración, alcanzarían aproximadamente $1,2 billones .
Además, proyectan un eventual escenario de hasta $13,2 billones si se llegaran a presentar diez demandas. Sin embargo, esta cifra no corresponde a una condena judicial, dictamen pericial ni cálculo oficial del Estado , sino a una estimación presentada por los propios campesinos dentro de su reclamación. QUEJA DENUNCIA ANTE COMISION 5 .pdf
El caso de Palmor llega a un punto de máxima tensión
Los denunciantes aseguran que ya han acudido a diferentes instancias, entre ellas la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y organismos relacionados con la defensa de derechos humanos. También mencionan acciones relacionadas con presuntas vulneraciones al derecho de propiedad, igualdad y debido proceso.
En una de las solicitudes más fuertes, piden investigar disciplinaria y fiscalmente a funcionarios que, según ellos, habrían intervenido en actuaciones relacionadas con Palmor. También reclaman revisar quiénes participaron en la elaboración y trámite de determinados procesos administrativos y judiciales.
La comunidad sostiene que no pretende enfrentarse con los pueblos indígenas, sino ser reconocida como población campesina que también tiene derechos sobre el territorio y debe ser escuchada en las decisiones que puedan afectarla .
“No aceptamos un daño más a Palmor”
El documento termina con una advertencia directa a las autoridades. Los campesinos exigen respuestas de fondo y anuncian que, ante la ausencia de soluciones, continuarán utilizando las herramientas legales disponibles.
La denuncia, por su naturaleza, contiene señalamientos y solicitudes de investigación que todavía deben ser esclarecidos por las autoridades . No constituye por sí misma una declaración de responsabilidad contra la senadora Carmen Patricia Caicedo, la ANT, la URT ni ningún otro funcionario mencionado.
Pero el expediente sí deja sobre la mesa una pregunta que ahora deberán responder las instituciones:
¿Puede hablarse de protección y reconocimiento integral de la Sierra Nevada mientras comunidades campesinas de Palmor aseguran que llevan décadas en el territorio y que hoy enfrentan procesos sobre sus tierras sin sentirse escuchadas?
La pelota queda ahora en la cancha de la Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, Congreso, ANT, URT y demás entidades competentes , que deberán determinar si detrás de las denuncias existen irregularidades administrativas, fiscales, disciplinarias o simplemente diferencias derivadas de los procesos de ordenamiento y restitución de tierras.
Informativo El Morro continuará haciendo seguimiento al caso y a las respuestas que entreguen la senadora Carmen Patricia Caicedo, el Gobierno Nacional, la ANT y la URT frente a los graves señalamientos contenidos en el documento.
