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La Jurisdicción Especial para la Paz respondió a los cuestionamientos que han surgido alrededor de sus gastos y aseguró que siete auditorías realizadas por la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no han evidenciado hallazgos de corrupción relacionados con su gestión.
Uno de los puntos bajo escrutinio son los viajes internacionales de sus magistrados. La JEP sostiene que estas comisiones corresponden a invitaciones oficiales y a espacios judiciales relacionados con derechos humanos, derecho penal internacional y la divulgación de su modelo de justicia transicional restaurativa.
Según la entidad, estas salidas del país han sido justificadas y reportadas a través de sus canales oficiales, en el marco de su responsabilidad de mantener informada a la comunidad internacional sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con el arriendo del edificio donde funciona actualmente la JEP. La entidad explicó que durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro se solicitó al Ministerio de Hacienda estudiar la posibilidad de adquirir el inmueble, pero las solicitudes no tuvieron una respuesta favorable.
La JEP también aclaró que el valor comercial estimado del edificio para 2026 sería de aproximadamente $288.538 millones y que la cifra de $20.975 millones que ha circulado corresponde al avalúo catastral de 2020, por lo que ambas cifras no son comparables.
Ante la polémica, la jurisdicción pidió que las cifras y señalamientos sobre su funcionamiento sean contrastados directamente con sus canales oficiales, mientras continúa el debate público sobre el manejo de los recursos destinados a esta institución.
