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Una ciudadana interpuso varias quejas disciplinarias ante la Procuraduría Regional de Instrucción en el Magdalena, algunas de las cuales con solicitud de suspensión provisional contra la gobernadora encargada Ingris Padilla García, al igual que a varios funcionarios y contratistas del gobierno departamental por presuntas irregularidades en el manejo de actos oficiales y recursos públicos.
Una de las denuncias asegura que el pasado 17 de septiembre de 2025, durante la inauguración del Centro de Salud de Sabanas en El Piñón, se utilizó un acto institucional para rendir honores políticos a los exgobernadores Carlos Caicedo y Rafael Martínez, líderes del movimiento Fuerza Ciudadana.
Según esta queja en particular, en lugar de destacar el papel de la actual mandataria y de la institucionalidad, se entregó el protagonismo a Caicedo, quien encabezó la ceremonia, cortó la cinta y pronunció discursos como si aún ejerciera funciones. La propaganda oficial instalada en la fachada del hospital, con pendones de agradecimiento y consignas políticas, reforzó lo que la denunciante calificó como una “suplantación simbólica y funcional de la primera autoridad administrativa del departamento”.
La situación fue amplificada en las redes sociales oficiales de la Gobernación, donde se compartieron piezas gráficas y mensajes exaltando a Caicedo y Martínez, invisibilizando a la propia gobernadora encargada. Estos hechos, según la queja, violan de manera flagrante la Ley 1474 de 2011, que prohíbe exaltaciones personalistas en la publicidad oficial, y la Ley 2345 de 2023, que prohíbe el uso de marcas o símbolos partidistas en la gestión pública.
La denunciante solicitó a la Procuraduría General de la Nación la suspensión inmediata de Ingris Padilla y de varios funcionarios de la Gobernación, señalando que su permanencia en los cargos pone en riesgo la función pública, facilita la reiteración de estas prácticas y obstaculiza la investigación disciplinaria.
“Estamos ante un uso descarado de los recursos del Estado para promover a un movimiento político y favorecer indebidamente a dos exgobernadores”, advierte el escrito. La queja enfatiza que se trata de una conducta reiterada y sistemática desde que Padilla asumió como gobernadora encargada, debilitando la neutralidad administrativa y poniendo en entredicho la transparencia institucional en plena coyuntura electoral.
De confirmarse estas denuncias, el golpe político sería devastador: la suspensión de la mandataria encargada profundizaría la crisis de gobernabilidad en el Magdalena, ya sacudido por la anulación de la elección de Rafael Martínez y la convocatoria de elecciones atípicas.
