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A pocas semanas de las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena, programadas para el 23 de noviembre de 2025, crecen las denuncias sobre presuntas irregularidades laborales y uso indebido de jóvenes en actividades proselitistas por parte del movimiento político Fuerza Ciudadana, que respalda la candidatura de Margarita Guerra.
Según un documento radicado ante las autoridades competentes, de manera anónima, el movimiento estaría contratando jóvenes en Santa Marta sin garantías laborales, quienes, a cambio de una remuneración diaria de $20.000 pesos, realizan tareas de promoción política en distintos puntos de la ciudad.
La queja advierte que no existen contratos formales, ni afiliaciones al sistema de seguridad social integral —salud, pensión o riesgos laborales—, configurando lo que podría considerarse una presunta práctica de explotación laboral juvenil.
De acuerdo con los testimonios recogidos, los jóvenes son fácilmente identificables en zonas de alta circulación vehicular y peatonal, como:
• Avenida del Ferrocarril con Avenida del Río.
• Semáforos cercanos a los centros comerciales Ocean Mall y Buenavista.
• Áreas próximas al Mercado Público.
• Otros sectores urbanos donde instalan publicidad política visible.
Allí, según la denuncia, se encargan de tomar semáforos para promover la candidatura de Guerra, repartir volantes, instalar afiches y pendones, y participar en actividades puerta a puerta con fines proselitistas.
En el documento se anexa un video en el que uno de los jóvenes reconoce ante cámara que recibe un pago de $20.000 por día, sin contrato ni afiliación alguna, confirmando así la naturaleza informal de la vinculación. Este material, según se expone, constituye una prueba directa de remuneración por actividades de campaña al margen de la normatividad laboral vigente.
La denuncia solicita al Ministerio del Trabajo, a través de su Dirección Territorial del Magdalena, adelantar inspecciones en los puntos señalados y requerir al movimiento político la entrega de planillas de afiliación y contratos de quienes participan en las labores proselitistas.
Asimismo, pide adoptar medidas sancionatorias en caso de comprobarse incumplimientos a la legislación laboral colombiana.
EXPLOTACIÓN POLÍTICA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS
La situación, de ser comprobada, revelaría no solo irregularidades en la financiación y ejecución de actividades políticas, sino también violaciones a los derechos laborales de jóvenes que, por necesidad, aceptan condiciones precarias.
Organizaciones de observación electoral y expertos en derecho laboral consultados por este medio advierten que casos como este podrían configurar un uso indebido de recursos humanos con fines electorales, además de generar responsabilidad administrativa y penal para los responsables de la campaña.
Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo aún no se pronuncia oficialmente sobre si iniciará una investigación formal frente a la denuncia, que solicita reserva total de identidad del denunciante por motivos de seguridad.
