Español
El barrio Villa Betel, un asentamiento surgido en medio de la migración forzada y el conflicto armado, hoy se ha convertido en uno de los símbolos más crudos de la desprotección estatal en Santa Marta. Allí, según una alarmante denuncia conocida por Seguimiento.co, grupos delincuenciales ejercen un control absoluto sobre la vida económica, social y ahora política de sus habitantes.
De acuerdo con el testimonio del activista Luis Miguel Moisés, un brazo armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra impone su ley en este sector estratégicamente ubicado entre la Vía Alterna y el Estadio Sierra Nevada, pese a estar literalmente frente a la Estación de la Policía Metropolitana y a pocos metros del SIES (Sala Integrada de Emergencias y Seguridad).
Un barrio sumido en la zozobra por las cuotas impuestas por los paramilitares
La estructura criminal ha normalizado un sistema de extorsión disfrazado de “vigilancia”, que golpea con mayor fuerza a una comunidad empobrecida que apenas logra subsistir.
Según la denuncia:
• Cada vivienda debe pagar 2.000 pesos semanales por “seguridad”.
• Los tenderos están obligados a entregar 20.000 pesos cada semana.
• Los mototaxistas y las personas que extraen arena del río Gaira, en la quebrada Puerto Mosquito, deben pagar 15.000 pesos semanales, pese a que estos oficios representan su única forma de sobrevivir.
• Al no contar con acueducto oficial, los habitantes deben comprar agua de pozos controlados internamente, pagando entre 20.000 y 25.000 pesos semanales.
“Es injusto. Estamos hablando de un barrio muy pobre, donde la gente apenas tiene para comer y aun así debe pagar cuotas para poder vivir y trabajar”, señaló Moisés.
A esta presión económica se suma ahora un nuevo y preocupante factor: la censura electoral. Hace aproximadamente diez días, el grupo armado informó a la comunidad que está prohibida cualquier forma de publicidad política en el barrio. Pendones, afiches y material de campaña de todos los partidos tuvieron que ser retirados, bajo el argumento de que los candidatos “no han pagado permiso” para hacer política en el territorio.
Para el activista, lo más alarmante es que este control criminal ocurre “en las narices del Estado”.
“Da terror que la Policía esté al frente y no exista un control territorial real. Esto no solo pasa en Villa Betel, también se repite en barrios como San Fernando, Pando y María Eugenia, donde las cuotas por vivienda pueden llegar hasta los 5.000 pesos”, advirtió.
La denuncia vuelve a poner sobre la mesa una realidad incómoda: mientras se habla de democracia y garantías electorales, en algunos sectores de Santa Marta la ley que se impone no es la del Estado, sino la de los grupos armados ilegales.
