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El nombramiento de Fabián Bolaños como secretario de Equidad y Poder Popular del departamento del Magdalena no solo ha provocado indignación: ha encendido una tormenta moral, política y social. En un país atravesado por la violencia contra las mujeres, designar a un funcionario señalado públicamente por presuntos hechos de violencia sexual es una decisión que roza la provocación y el desprecio por las víctimas.
Aunque las denuncias en su contra aún no cuentan con una sentencia judicial definitiva —y la presunción de inocencia debe respetarse—, el debate aquí no es únicamente legal, sino profundamente ético y político. No se trata de un cargo cualquiera: se trata de la oficina encargada de promover la equidad, proteger poblaciones vulnerables y garantizar los derechos de las mujeres. El contraste entre el discurso institucional y la realidad del nombramiento resulta insultante.
La controversia se agrava en un contexto donde Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena y figura emblemática de Fuerza Ciudadana, también ha sido señalado por mujeres que denuncian presuntos abusos. En ese escenario, este nombramiento no parece un error administrativo, sino parte de un patrón: un poder que minimiza las denuncias cuando estas comprometen a sus aliados, mientras instrumentaliza el discurso feminista como fachada política.
El mensaje es devastador. Para las víctimas, este acto puede interpretarse como una revictimización institucional, una señal de que sus voces valen menos que las lealtades políticas. Para la ciudadanía, es una muestra de cinismo: ¿cómo hablar de equidad mientras se premia con poder a alguien bajo graves cuestionamientos públicos?
Este no es un simple nombramiento. Es un acto que erosiona la confianza pública, debilita la credibilidad del discurso de derechos humanos y exhibe una profunda incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica. Mientras las mujeres exigen justicia, prudencia y respeto, el poder parece responder con soberbia, silencio y complicidad.
La pregunta ya no es solo jurídica. Es política, moral y urgente:
¿Puede un proyecto que se autoproclama defensor de los derechos populares seguir ignorando el clamor de las mujeres sin perder toda autoridad ética?
¿Es esta la “equidad” que se pretende imponer en el Magdalena?
Hasta que no haya respuestas claras, el nombramiento de Fabián Bolaños seguirá siendo leído como un respaldo político a un hombre bajo graves señalamientos, y como una bofetada directa a las mujeres que reclaman coherencia, dignidad y justicia.
