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La asignación de citas para tramitar pasaportes en el Magdalena quedó en el centro de una nueva polémica luego de que una ciudadana denunciara públicamente el presunto cobro ilegal de 90.000 pesos para acceder a una cita de renovación del documento.
La denuncia, difundida a través de redes sociales, generó una rápida reacción de la administración departamental y encendió las alarmas sobre posibles actos de corrupción dentro de la dependencia encargada del trámite.
Según relató la afectada, ante las dificultades para conseguir una cita de manera regular, un tercero le habría exigido el pago de 90.000 pesos para garantizarle un espacio en el sistema. La ciudadana calificó la situación como una supuesta “mafia de las citas” y advirtió que haría públicas las identidades de quienes estarían involucrados en estos cobros.
La denuncia fue dirigida directamente a la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, a quien le pidió tomar medidas urgentes para garantizar transparencia y orden en la prestación del servicio.
Tras conocer el caso, la mandataria respondió de manera contundente y aseguró que en su administración no habrá espacio para quienes intenten aprovecharse de las necesidades de los ciudadanos.
“Quien se atreva a jugar con las necesidades de nuestra gente deberá asumir las consecuencias de sus actos. No vamos a permitir que unos pocos disfrazados de servidores públicos sigan saqueando la confianza de los magdalenenses”, manifestó Guerra.
Además, la gobernadora agradeció a la denunciante por hacer visible la situación y sostuvo que “el silencio no puede ser aliado de los corruptos”, reiterando su compromiso con la transparencia y la lucha contra cualquier irregularidad dentro de la Gobernación.
Como primera acción, Guerra solicitó los datos de contacto de la ciudadana para programar una reunión y avanzar en la recopilación de información que permita esclarecer los hechos denunciados.
El caso ha generado preocupación entre los magdalenenses, quienes esperan que las autoridades adelanten las investigaciones necesarias para determinar si existe una red de intermediarios o funcionarios involucrados en cobros indebidos para la asignación de citas de pasaporte.
