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La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada detectó un patrón en el uso de permisos legales para facilitar actividades ilícitas, mientras avanzan nuevas investigaciones que podrían derivar en más sanciones.
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ordenó la suspensión de 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector que estarían vinculadas con estructuras criminales. La decisión fue anunciada por el superintendente Larry Álvarez Morales, quien advirtió sobre un uso irregular de permisos legales para encubrir actividades ilegales.
Según explicó el funcionario, las investigaciones revelan un patrón preocupante: compañías que operan bajo la legalidad, pero que posteriormente terminan facilitando recursos como personal y armamento a organizaciones delictivas. Este hallazgo encendió las alertas dentro del sistema de control del sector.
Las medidas impactan a empresas ubicadas en diferentes regiones del país. En ciudades como Barranquilla, por ejemplo, se adoptaron decisiones contra firmas como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Maximus Seguridad Privada Ltda., cuyas licencias fueron canceladas en primera instancia.
Además de las sanciones ya aplicadas, la entidad confirmó que hay al menos ocho empresas más bajo investigación que podrían enfrentar medidas similares en las próximas semanas, lo que ampliaría el alcance de la intervención.
El superintendente reiteró que todos los procesos se están desarrollando bajo las garantías del debido proceso, pero con una postura firme frente a cualquier irregularidad detectada en el sector de la seguridad privada.
Las autoridades también indicaron que las indagaciones han permitido identificar armas con permisos legales involucradas en hechos delictivos, así como vínculos entre personal de estas empresas y estructuras criminales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos.
