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Un huracán judicial estaría a punto de desatarse desde territorio norteamericano, y en el ojo de la tormenta aparece el nombre del exembajador Armando Benedetti. Según fuentes cercanas a la DEA, en Estados Unidos ya se evalúa la expedición de órdenes de captura no solo contra él, sino contra quienes habrían conformado su círculo de confianza: un exalto funcionario y presuntos operadores incrustados en instituciones del Estado. El expediente —que hasta hace pocas semanas parecía rumor— ahora toma forma con base en testimonios entregados bajo juramento.
La lupa internacional se clavó en Barranquilla, donde se habrían fraguado movimientos internos para reacomodar piezas clave dentro de la Policía Nacional y sacar de escena a oficiales que representaban un obstáculo para intereses no revelados. Testigos con cercanía al Gobierno habrían viajado a Estados Unidos para narrar, con nombres y fechas, de qué manera se habría ejercido presión interna y quiénes daban las órdenes de reorganizar mandos estratégicos.
El escenario se puso aún más candente tras el allanamiento ejecutado por la magistrada Cristina Lombana, que se realizó en absoluto hermetismo y sin alertar a los cuerpos policiales que usualmente participan en ese tipo de procedimientos, precisamente para evitar filtraciones.
A medida que autoridades de Estados Unidos y Colombia cruzan documentos, interrogatorios y dispositivos electrónicos incautados, ganan fuerza las alertas: de confirmarse lo que dicen los testigos, las repercusiones no solo serían penales… podrían reventar puertas en los más altos niveles del poder político.
