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El debate alrededor del inventario, la custodia y el estado real de la maquinaria amarilla en el departamento del Magdalena sumó un capítulo determinante tras el pronunciamiento de Efraín Vargas, exsecretario de Infraestructura departamental, quien salió al paso de las afirmaciones realizadas por la gobernadora Margarita Guerra respecto al presunto desconocimiento sobre el paradero de cinco equipos pertenecientes al patrimonio público.
La controversia escaló luego de que la administración saliente elevara una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigaran aparentes inconsistencias entre los listados recibidos durante la etapa de empalme y las revisiones físicas posteriores.
Ante este escenario, Vargas sostuvo de forma categórica que los bienes no se encuentran desaparecidos y afirmó contar con el soporte documental técnico que detalla la trazabilidad administrativa de cada elemento.
Respecto al punto neurálgico del señalamiento —la ubicación concreta de los cinco equipos en discordia—, el exfuncionario precisó la situación operacional y logística de cada uno: dos de las máquinas permanecen custodiadas en las instalaciones de la Central de Transportes, otras dos se ubican en el antiguo patio de la Licorera departamental, y la unidad restante corresponde a un equipo que sufrió un siniestro vial registrado formalmente durante la vigencia 2023.
Vargas explicó además que al asumir la cartera de Infraestructura se le hizo entrega de un inventario elaborado por la Secretaría General que relacionaba un total de 28 equipos bajo su responsabilidad directa, los cuales fueron reportados en los informes oficiales de transmisión de mando a su sucesora en el cargo.
Este cruce de versiones abre múltiples aristas institucionales y jurídicas que van desde el plano penal hasta el control fiscal y disciplinario. Por un lado, la Fiscalía deberá cotejar las actas de entrega, las matrículas y los registros de serie para determinar si las discrepancias obedecen a desórdenes en la actualización de inventarios o a conductas punibles.
Por otro lado, entra en juego la efectividad de las pólizas y garantías vigentes destinadas a cubrir siniestros o pérdidas patrimoniales, así como la revisión minuciosa de los convenios de comodato o préstamo mediante los cuales se entregó maquinaria a distintos municipios o contratistas de la región. Asimismo, los organismos de control fiscal evaluarán el estado mecánico, el mantenimiento y la custodia de estos activos públicos.
Frente a la investigación en curso, el exsecretario de Infraestructura solicitó formalmente ser escuchado en versión libre ante el ente investigador con el propósito de aportar las pruebas documentales que, según su postura, demuestran la conservación e integridad del parque automotor del departamento.
