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En un giro explosivo en el mayor escándalo de corrupción que sacude al Estado, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fueron capturados en las últimas horas tras la orden de un tribunal que los envió a prisión por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros entes estatales.
Las autoridades de la Policía Judicial y el CTI hicieron efectiva la orden de captura tras una audiencia en la que la justicia determinó que, según la Fiscalía General de la Nación, ambos exministros habrían liderado una “estructura criminal” dedicada al desvío de contratos públicos por cientos de miles de millones de pesos, supuestamente para favorecer a congresistas a cambio de apoyo político en el Congreso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue contundente: negarles la casa por cárcel y enviarlos a prisión preventiva, al considerar que las evidencias, incluidos testimonios y comunicaciones recopiladas por los investigadores, apuntan a una actuación no aleatoria ni aislada, sino planificada desde sus altos cargos.
Durante el proceso, tanto Bonilla como Velasco negaron los cargos y se declararon inocentes, defendiendo sus gestiones como legítimas. Sin embargo, la Fiscalía los acusa de delitos graves como interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho, con penas que podrían llegar a decenas de años de cárcel si son hallados culpables en un fallo definitivo.
Este escándalo ha golpeado fuertemente la reputación de quienes prometían una gestión transparente, dejando a la opinión pública y al país ante un nuevo capítulo de impunidad y prácticas corruptas en las altas esferas del poder.
