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En Fundación y Aracataca, el transporte público parece tierra de nadie. Sin control, sin regulación y sin autoridad visible, las empresas que dominan el servicio hacen y deshacen con el bolsillo de los usuarios. Cootransmacondo y Sotrarent volvieron a meterle la mano al bolsillo a la gente: el pasaje pasó de $3.500 a $4.000, sin previo aviso y sin consultar a la comunidad, la más golpeada por esta decisión arbitraria.
De acuerdo con la denuncia ciudadana recepcionada por el Informativo El Morro, el aumento es una medida que ha generado inconformidad generalizada, especialmente entre los sectores más vulnerables que dependen a diario del transporte público.
La queja fue presentada por el usuario Vladimir, quien calificó el aumento como abusivo e injustificado, teniendo en cuenta las precarias condiciones del servicio.
“Las busetas que cubren la ruta Fundación–Aracataca–Fundación presentan sillas en mal estado, estructuras deterioradas, fallas mecánicas frecuentes, baja velocidad de desplazamiento y condiciones de inseguridad, además de un trato que califican como indigno hacia los pasajeros. Pese al incremento tarifario, no se evidencian mejoras en la calidad del servicio”, indicó el afectado.
Según el denunciante, las empresas argumentan el alza en factores como el incremento en el precio de la gasolina y los costos de mantenimiento; sin embargo, asegura que la realidad en las calles contradice estas justificaciones, ya que no se observa inversión ni renovación del parque automotor, lo que convierte el servicio en precario, vergonzoso y riesgoso, especialmente para estudiantes y trabajadores.
“Las sillas están rotas, estructuras deterioradas, vehículos inseguros, motores forzados que apenas avanzan y un trato indigno al pasajero. Cobran más, pero ofrecen menos”,agregó el denunciante.
La verdadera realidad frente
a otros servicios de transporte
El usuario también comparó la situación con otros territorios del país, señalando que en ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Medellín y Bogotá, el transporte público ofrece mejores condiciones a tarifas similares o incluso más bajas. Asimismo, destacó que en el municipio de El Retén se mantienen tarifas estables y un servicio en mejor estado, lo que deja en evidencia el desproporcionado cobro que se aplica entre Fundación y Aracataca.
Adicionalmente, se han reportado prácticas abusivas, como la toma de fotografías a usuarios sin su consentimiento, situación que agrava el malestar ciudadano y refuerza el llamado a una intervención inmediata de las autoridades competentes.
Frente a este panorama, los usuarios se preguntan dónde están las autoridades municipales y de tránsito, ya que no se evidencian acciones de control, inspección ni regulación tarifaria. La falta de respuesta institucional ha permitido que, administración tras administración, el servicio continúe operando sin vigilancia efectiva, generando una percepción de complicidad por omisión.
El llamado ciudadano es claro: el transporte público no puede seguir funcionando como un negocio privado sin control estatal, mientras los usuarios asumen los costos de un servicio deficiente.
Hoy, denuncian, la comunidad paga el abuso,
las empresas cobran,
las autoridades guardan silencio,
y no hay responsables visibles.
