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La corrupción vuelve a golpear al municipio de Ciénaga. La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal dentro del proceso relacionado con dos convenios financiados con recursos del Sistema General de Regalías para la atención integral del adulto mayor, comprometiendo la responsabilidad de exfuncionarios, contratistas e interventoría por un millonario detrimento patrimonial derivado de graves irregularidades en la ejecución de los proyectos.
La decisión, contenida en el Auto No. 1178 del 10 de julio de 2026, establece la responsabilidad fiscal del entonces alcalde de Ciénaga, Edgardo de Jesús Pérez Díaz, conocido políticamente como “El Nene” Pérez; de los exsecretarios de Gobierno Julio David Alzamora Arrieta y Lourdes Peña del Valle; de las fundaciones contratistas Paso a Paso, representada por Nancy Esther Núñez Palma; Manos Unidas por el Magdalena, representada por Heidi Cecilia Arellano Hidalgo; Crecer Colombia, representada por Luis Ángel Gutiérrez González; así como de ASODEMAG, entidad que ejerció la interventoría, representada por Carlos Emilio Huguet Paz.
La investigación fiscal se originó por los convenios 023 de 2016 y 016 de 2017, celebrados para ejecutar programas dirigidos a mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor del municipio mediante actividades de salud, recreación, cultura y productividad. Sin embargo, el organismo de control concluyó que durante su ejecución se presentaron múltiples inconsistencias que ocasionaron un daño al patrimonio público.
Entre los hallazgos más delicados figura la utilización de recursos de regalías para financiar servicios de salud que ya eran cubiertos por el Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y el Sistema General de Participaciones, lo que generó una doble financiación con recursos públicos para los mismos servicios.
La Contraloría también encontró pagos efectuados a personas que habían fallecido antes o durante la ejecución de los proyectos, así como la inclusión de beneficiarios que no cumplían las condiciones exigidas para acceder al programa, entre ellas edad mínima, residencia en Ciénaga, clasificación del Sisbén y condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.
Otro de los aspectos cuestionados fue la aprobación de una adición contractual superior a 1.014 millones de pesos, destinada a conceptos que, según el organismo de control, ya estaban financiados por otras fuentes del sistema de salud, situación que incrementó injustificadamente el uso de recursos de regalías.
Durante el proceso, la Contraloría cruzó información con bases de datos del ADRES, la Base de Datos Única de Afiliados y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Ese análisis permitió establecer que miles de beneficiarios ya contaban con cobertura del sistema de salud e, incluso, que algunos pertenecían al régimen contributivo, por lo que no debían recibir servicios financiados con recursos del Sistema General de Regalías bajo las condiciones previstas en los convenios investigados.
El fallo representa uno de los procesos de responsabilidad fiscal más relevantes derivados del manejo de recursos destinados a programas sociales en Ciénaga y vuelve a poner bajo la lupa la administración del exalcalde Edgardo “El Nene” Pérez Díaz, al determinar la existencia de un detrimento patrimonial ocasionado por la ejecución irregular de estos contratos para la atención del adulto mayor. La decisión fue adoptada por la Contraloría General de la República dentro del proceso ordinario de responsabilidad fiscal adelantado por el Grupo para la Responsabilidad Fiscal del Sistema General de Regalías.
