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Las denuncias sobre presuntos vínculos de Abelardo de la Espriella con estructuras paramilitares llegaron al centro de la contienda presidencial y despertaron reacciones en el Magdalena, uno de los departamentos más golpeados por la violencia armada en Colombia. La Alianza por la Vida respaldó las acciones judiciales anunciadas por el senador Iván Cepeda Castro para que la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional investiguen los señalamientos conocidos en los últimos días.
La organización sostuvo que estas acusaciones no pueden reducirse a una disputa electoral, especialmente en una región donde el paramilitarismo dejó profundas heridas sociales y humanitarias. Por ello, pidió que las autoridades actúen con independencia, transparencia y celeridad para establecer la verdad sobre los hechos denunciados.
“En el Magdalena hablar de paramilitarismo no es un asunto menor”, advirtió el colectivo, al recordar que miles de familias continúan esperando justicia y reparación. Según cifras oficiales citadas por la organización, en el departamento han sido reconocidas 547.072 víctimas del conflicto armado.
Los registros indican que más de 507.000 personas fueron desplazadas de manera forzada de sus territorios, mientras que 41.194 aparecen reconocidas como víctimas de homicidio. Además, se documentan 851 casos de desaparición forzada, 127 masacres y 609 asesinatos cometidos en hechos de violencia colectiva.
La Alianza por la Vida insistió en que cualquier señalamiento relacionado con estructuras armadas ilegales debe ser esclarecido por las instituciones competentes, debido al impacto que estos fenómenos tuvieron sobre las comunidades del Magdalena. En ese sentido, respaldó las iniciativas judiciales promovidas por Cepeda y reclamó garantías para que las investigaciones avancen sin presiones políticas.
