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Una denuncia impulsada por un grupo de concejales preocupados por el futuro del municipio de San Zenón , encendió el debate en torno a un proyecto de acuerdo presentado por la administración municipal, que plantea la posibilidad de delegar la ejecución de obras públicas al Fondo de Desarrollo Colombiano (Fodecol).
La iniciativa, radicada en abril de 2026, es defendida por el gobierno municipal como una estrategia para mejorar la eficiencia administrativa. Sin embargo, sectores del Concejo y veedurías ciudadanas han advertido que su contenido podría abrir la puerta a riesgos en materia de transparencia y control del gasto público.
El proyecto solicita autorización para que el alcalde se asocie con Fodecol, una entidad que opera bajo el derecho privado. Aunque el costo inicial de afiliación es de 10 salarios mínimos, el punto central de la discusión se encuentra en el articulado que permitiría trasladar a este fondo la ejecución de obras en áreas como vías, agua potable y saneamiento básico.
De acuerdo con las observaciones realizadas por algunos cabildantes, este esquema conocido como descentralización indirecta, implicaría que los recursos públicos sean transferidos mediante convenios interadministrativos. Una vez en manos del fondo, la contratación podría adelantarse bajo reglas distintas a las que rigen a las entidades territoriales, lo que ha generado inquietudes sobre la garantía de procesos abiertos y competitivos.
A esto se suman cuestionamientos sobre el perfil del aliado propuesto. Fodecol, constituido en 2024 con un capital cercano a los $25 millones, enfrenta actualmente una indagación preliminar en la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en su creación en el municipio de Capitanejo, Santander.
Según documentos revisados por este medio, en otras regiones el fondo ha participado en la gestión de contratos de cuantía significativa, en algunos casos con baja concurrencia de oferentes, situación que ha sido objeto de observación por parte de actores locales.
Los cabildantes han expresado reparos y señalan tres posibles riesgos: eventuales como cuestionamientos legales por delegación de funciones propias del municipio, la generación de costos adicionales por intermediación y una eventual limitación al control político, al tratarse de recursos ejecutados bajo un régimen privado.
Por su parte, la administración municipal ha insistido en que el proyecto busca agilizar la ejecución de obras contempladas en el Plan de Desarrollo “San Zenón con Esperanza” y ha llamado a un análisis técnico del articulado.
El proyecto de acuerdo será discutido en plenaria en los próximos días, en medio de un ambiente de creciente debate político. Más allá del costo de afiliación, la discusión se centra en el modelo de gestión de los recursos públicos y en las garantías de transparencia en la contratación de obras que impactan directamente a la comunidad.
