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En medio de una creciente controversia jurídica y política, el gobernador del Magdalena, Rafael Alejandro Martínez, enfrenta nuevas acciones legales por presuntas maniobras dilatorias que estarían impidiendo la ejecución del fallo que anuló su elección.
El pasado 8 de mayo, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Martínez por incurrir en doble militancia, tras evidenciarse su apoyo público a candidatas del Partido de la U mientras era aspirante respaldado por Fuerza Ciudadana. A pesar del contundente fallo, el mandatario continúa en funciones, lo que ha generado críticas y sospechas sobre una posible estrategia para permanecer en el cargo.
El abogado Hernando Zabaleta Echeverry presentó una acción de tutela contra Martínez ante el mismo Consejo de Estado, señalando que el gobernador estaría recurriendo a tácticas legales sin sustento jurídico para frenar la ejecución de la sentencia. Entre las acciones denunciadas están la solicitud de aclaración del fallo, recusaciones masivas contra los magistrados que lo emitieron y una solicitud de nulidad del proceso.
“El fallo ya fue emitido, pero Rafael Martínez sigue en el cargo gracias a una serie de maniobras que, a nuestro juicio, solo buscan dilatar lo inevitable: su salida del poder”, afirmó Zabaleta. Según el abogado, estas acciones obstruyen la convocatoria a elecciones atípicas que, conforme a la ley, deben realizarse en los tres meses siguientes al fallo.
El caso ha encendido las alarmas sobre el respeto a la institucionalidad y al derecho ciudadano de elegir libremente a sus gobernantes. Sectores críticos advierten que la permanencia de Martínez, tras una decisión judicial firme, representa un serio desafío al Estado de Derecho. La atención ahora está puesta en el Consejo de Estado, que deberá resolver si las acciones del gobernador constituyen una burla al sistema judicial o si tienen algún sustento válido.
