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QUEJA DISCIPLINARIA CONTRA ALCALDE MUNCIPAL DE PIVIJAY-3
Un presunto entramado de falsedad documental, omisiones administrativas y posible encubrimiento político tiene hoy en la mira a las alcaldías de Pivijay y Pedraza, Magdalena. La controversia explotó tras una denuncia presentada por el abogado y ciudadano pivijayero Ángel María de la Rosa Borja, quien asegura haber destapado cómo una funcionaria habría llegado a uno de los cargos más sensibles del municipio utilizando una certificación laboral que, según documentos oficiales, resultó ser falso.
La protagonista de esto es Cecilia Isabel de la Cruz Pineda, nombrada como jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Pivijay mediante el Decreto 001 del 30 de diciembre de 2025, durante la administración del alcalde Jorge Iván Salah Ropain.
Pero detrás del nombramiento comenzó a aparecer una cadena de inconsistencias que hoy amenaza con convertirse en uno de los escándalos administrativos más delicados de los últimos años en el centro del Magdalena.
El documento que desató el escándalo
Todo comenzó con la convocatoria pública abierta por la Alcaldía de Pivijay el 10 de diciembre de 2025 para escoger al jefe de Control Interno del período 2026-2029. La Resolución 001 establecía requisitos claros: los aspirantes debían acreditar título profesional y, especialmente, treinta y seis meses de experiencia relacionada en asuntos de control interno.
Según la denuncia, Cecilia Isabel de la Cruz Pineda presentó para acreditar esa experiencia una certificación laboral fechada el 9 de noviembre de 2017, presuntamente expedida por la Alcaldía de Pedraza, Magdalena. El documento aseguraba que la hoy funcionaria había prestado servicios profesionales entre febrero y octubre de 2017.
Con ese soporte fue admitida en la convocatoria, evaluada por el comité designado por la administración municipal y posteriormente recomendada para el cargo con un puntaje de 58 puntos. El problema apareció meses después.
La respuesta oficial que derrumbó la versión
Tras varios derechos de petición y acciones de tutela interpuestas por el abogado Ángel María de la Rosa, la Alcaldía de Pedraza terminó entregando una respuesta que cambió por completo el panorama del caso.
En un oficio remitido oficialmente al denunciante y a un juzgado, la administración municipal aseguró que, luego de revisar archivos contractuales, bases de datos y soportes financieros, no encontró evidencia de vínculo laboral o contractual alguno entre Cecilia Isabel de la Cruz Pineda y el municipio de Pedraza.
La respuesta fue demoledora: No existía contrato de prestación de servicios; no aparecían registros presupuestales. No existían pagos, cuentas por pagar ni comprobantes de egreso. Tampoco se hallaron archivos documentales que respaldaran la certificación aportada.
En otras palabras, el documento utilizado para acreditar experiencia laboral en la convocatoria de Pivijay quedó oficialmente en entredicho.
Gustavo Osorio e Iván Salah, bajo la lupa
Uno de los aspectos más delicados revelados por la denuncia tiene que ver con la eventual responsabilidad política y disciplinaria de los mandatarios Gustavo Osorio y Jorge Iván Salah.
Según el documento, la certificación laboral cuestionada aparece suscrita en 2017 por la Alcaldía de Pedraza, época en la que Gustavo Osorio fungía como alcalde municipal. Por ello, el mandatario queda en el centro de las dudas sobre la expedición de un documento que hoy la propia administración de Pedraza desconoce y desvirtúa oficialmente. La pregunta jurídica y política es inevitable: ¿cómo pudo emitirse una certificación laboral de una relación contractual que no dejó huella presupuestal, contable ni administrativa?
La situación adquiere aún mayor gravedad porque la administración actual de Pedraza terminó desmontando la validez del documento presuntamente expedido años atrás bajo otra administración municipal. Eso abre una línea investigativa sensible: si la certificación fue expedida oficialmente, existiría un problema grave de destrucción o desaparición documental; pero si nunca existió soporte administrativo real, entonces el documento podría configurar falsedad ideológica o material en documento público.
En paralelo, el alcalde de Pivijay, Jorge Iván Salah Ropain, también quedó comprometido en la denuncia por una razón distinta pero igualmente seria. El abogado Ángel María de la Rosa sostiene que desde el 17 de marzo de 2026 la Alcaldía de Pivijay tuvo conocimiento formal de que la certificación laboral era falsa o no correspondía a la realidad, pero aun así no revocó el nombramiento ni declaró insubsistente a la funcionaria.
La queja disciplinaria cita expresamente el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, el cual establece que cuando se advierta que un nombramiento fue obtenido mediante documentación falsa, la administración debe proceder inmediatamente a su revocatoria.
Es decir, la acusación contra Salah no se centra únicamente en el nombramiento inicial, sino en la permanencia de la funcionaria en el cargo aun después de haberse conocido oficialmente las inconsistencias sobre la experiencia acreditada.
“La propia Alcaldía de Pedraza certificó que el 17 de marzo de 2026 envió un oficio institucional al correo oficial de talento humano de la Alcaldía de Pivijay informando que no existían soportes que acreditaran la experiencia laboral de Cecilia Isabel de la Cruz Pineda. Pese a ello, según el denunciante, la administración de Pivijay no revocó el nombramiento ni separó del cargo a la funcionaria”, indicó el abogado que denunció lo ocurrido.
Luego agregó que “Ahí es donde la denuncia adquiere un tono todavía más delicado. Por eso cito el artículo 5 de la Ley 190 de 1995, que obliga a las autoridades a revocar inmediatamente un nombramiento cuando se detecte que fue obtenido mediante documentación falsa. La permanencia de la funcionaria en el cargo después de conocerse las irregularidades podría constituir una omisión disciplinaria grave”.
Escándalo golpea el corazón del control institucional
El caso tiene además un elemento simbólico demoledor: la funcionaria cuestionada ocupa precisamente la Oficina de Control Interno, dependencia encargada de vigilar la transparencia, legalidad y vigilancia administrativa dentro de la Alcaldía de Pivijay.
Mientras la convocatoria hablaba de mérito, transparencia y verificación de competencias, hoy el proceso está bajo sospecha por presuntamente haberse sustentado en un documento cuya autenticidad fue desvirtuada por la propia entidad que supuestamente lo emitió.
El expediente también deja preguntas incómodas sobre el comité evaluador de la convocatoria, señalado de no verificar la autenticidad de la experiencia presentada por la aspirante antes de recomendar su nombramiento.
Por ahora, la Procuraduría deberá determinar si se trató de negligencia administrativa o de una actuación consciente para sostener un nombramiento presuntamente irregular.
Mientras tanto, en Pivijay y Pedraza el caso ya dejó de ser un simple trámite disciplinario: se convirtió en una bomba política que amenaza con salpicar a dos administraciones municipales y abrir un debate incómodo sobre cómo se están manejando los cargos públicos en la región.
No hay respuestas de los alcaldes
QUEJA DISCIPLINARIA CONTRA ALCALDE MUNCIPAL DE PIVIJAY-2
Este medio de comunicación intentó obtener la versión oficial de los alcaldes Jorge Iván Salah, de Pivijay, y Gustavo Osorio, de Pedraza, frente a las graves denuncias contenidas en el expediente disciplinario. Sin embargo, pese a los intentos de contacto realizados, ninguno de los dos mandatarios accedió a entregar declaraciones ni respondió a los cuestionamientos relacionados con el presunto entramado de falsedad documental y las irregularidades denunciadas en el proceso de nombramiento de la jefe de Control Interno.
