Por Luis Maestre/ Director Informativo El Morro
En los cerros del sector de Bureche en Santa Marta, lo que en otrora era un remanso de paz, ahora está convertido en un lugar donde impera el bullicio y sobre todo el miedo e incertidumbre, como consecuencia de las múltiples detonaciones que de allí provienen diariamente, debido a la explosión que utilizan con dinamita para extraer material de trabajo que finalmente es vendido a las empresas de construcción.
Líderes ecologistas consideran que está situación que ocurre en la cantera Manuel Pertuz, ubicada en la vereda Buenos Aires, representa un grave daño contra el medio ambiente, teniendo en cuenta que el lugar está rodeado con la fauna y flora, donde percnotan animales silvestres, que visiblemente se perturban con los sonidos abruptos que interrumpen su permanencia en la hábitat natural.
Sin embargo, las guacamayas y jaguares no son los únicos afectados, pues también la problemática repercute a las familias que residen en la zona, cuyos integrantes aseguran que la tranquilidad que vivían llegó a su fin.
"Donde colocan la dinamita se encuentra tres Instituciones Educativas, la sede de la Policía Metropolitana y una vereda, causando daño ecológico irreparable en el parque Natural Paz verde, paso de jaguares, guacamayas y demás fauna silvestre, y en la salud e integridad de los moradores del sector", dijo la persona que denunció está situación y que prefirió omitir su identidad.
Pronunciamiento de autoridades ambientales
Una vez se conoció la denuncia, el Departamento Ambiental y Sostenibilidad Dadsa, expidió un comunicado en el que señala que la entidad no tiene competencia en el predio y que le corresponde a la Corporación Autónoma del Magdalena, Corpamag apersonarse de la situación.
"La entidad no tiene competencia alguna en el predio antes mencionado, ni puede desarrollar acciones estrictamente ligadas a las competencias de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).", dice la misiva.
Así mismo, añadió que "lo anterior de acuerdo al artículo 13 de la Ley 768 del 2002, donde establece que la jurisdicción corresponde al perímetro urbano de la ciudad de Santa Marta, delimitado por el Acuerdo 011 del 2020. Razón por la cual, este predio, al encontrarse ubicado en suelo rural, el Dadsa, carece de competencias para abordar la problemática. Es así, como se han realizado los respectivos traslados a la autoridad ambiental competente".
Finalmente, el comunicado reitera el compromiso de la entidad para salvaguardar y preservar el medio ambiente en la capital del Magdalena.
"Reiteramos nuestro compromiso para proteger, preservar y conservar los recursos naturales renovables del Distrito; mediante la efectiva vigilancia, control y seguimiento a las actividades, obras y proyectos que por su naturaleza inciden potencialmente en la calidad ambiental del distrito", se concluye en el texto.