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Lo que debería ser un santuario de biodiversidad y orgullo nacional hoy está convertido en escenario de intimidaciones, bloqueos y presunto control ilegal. El Parque Nacional Natural Tayrona fue cerrado de manera indefinida por orden de Parques Nacionales ante la grave situación de orden público que pone en riesgo la vida del personal y de los visitantes.
La decisión fue solicitada el pasado 16 de febrero por la Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, tras denunciar una vulneración de derechos humanos y una cadena de hechos que evidencian la pérdida de control institucional dentro del área protegida.
Infraestructura ilegal y amenazas directas
El 11 de febrero se realizó una intervención en el sector de Cañaveral, donde funcionarios inhabilitaron construcciones levantadas de manera ilegal en zonas de especial importancia ecológica. La medida buscaba permitir que las autoridades judiciales recopilaran pruebas por ocupación indebida y otros delitos ambientales.
Pero la respuesta no fue precisamente institucional. Según la resolución, comenzaron a circular videos con amenazas directas contra la jefe del área protegida, además de actos intimidatorios en los accesos al parque: funcionarios obligados a quitarse el uniforme para poder ingresar y bloqueos que les impiden ejercer su labor.
La situación escaló hasta convertirse en un riesgo inminente contra la vida e integridad del personal del Tayrona y de la Dirección Territorial Caribe, con sede en Santa Marta.
Bloqueos, cobros no autorizados y control irregular
El 16 de febrero, desde tempranas horas, se registró un bloqueo en el ingreso por El Zaino, donde algunos miembros de comunidades locales e indígenas habrían impedido el paso del personal oficial, además de realizar cobros no autorizados y permitir el ingreso de visitantes sin las garantías exigidas por la entidad.
A esto se sumaron protestas y bloqueos en Calabazo y Neguanje. El resultado: funcionarios obligados a abandonar el parque y ausencia total de control institucional en una de las reservas más importantes del país.
La resolución es contundente: el cierre se ordena para proteger los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad de quienes trabajan y permanecen dentro del área protegida.
Presencia de estructuras armadas en el territorio
Aunque el documento no señala responsables directos, sí recuerda las alertas de la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, en zonas aledañas y dentro de áreas protegidas del Caribe.
Parques Nacionales advierte que los servidores públicos enfrentan afectaciones derivadas de “dispositivos de control social y dominio territorial” ejercidos por estas estructuras, lo que agrava el panorama de seguridad.
Un paraíso sitiado
El Tayrona, símbolo de biodiversidad, turismo sostenible y patrimonio natural de Colombia, queda ahora cerrado hasta que exista un concepto técnico favorable de la Oficina de Gestión del Riesgo que garantice condiciones mínimas de seguridad.
Mientras tanto, propios y visitantes ven cómo uno de los tesoros ecológicos más importantes del país queda atrapado entre amenazas, ilegalidad y ausencia de garantías.
El cierre no solo golpea al turismo y a la economía local; es una señal alarmante de que incluso las áreas protegidas pueden quedar a merced del miedo y el desorden.
