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Santa Marta enfrenta desde hace años una crisis estructural en el suministro de agua potable que afecta a miles de hogares, especialmente en temporadas de sequía y alta demanda.
Frente a este panorama, distintos sectores han coincidido en que la construcción de una planta desalinizadora representa una alternativa técnica viable para garantizar una fuente estable y sostenible del recurso hídrico.
Expertos señalan que la ubicación propuesta para este tipo de infraestructura que es en el sector del Irotama, suele obedecer a estudios técnicos relacionados con captación, distribución y costos operativos.
Isis Navarro, candidata a la Cámara de Representantes, ha manifestado su interés en apoyar iniciativas que busquen soluciones sostenibles al problema del agua en la región.
Desde esa perspectiva, la discusión se centra en cómo articular esfuerzos entre la comunidad, autoridades locales y representantes para avanzar en proyectos estratégicos que beneficien a la población.
La necesidad de una respuesta estructural al problema del agua en Santa Marta es compartida por gremios, comunidades y autoridades locales.
En ese sentido, la planta desalinizadora se plantea como un proyecto estratégico que podría fortalecer la seguridad hídrica de la ciudad a mediano y largo plazo, siempre que se garantice transparencia, planeación adecuada y una ejecución responsable en beneficio de toda la población.
“Santa Marta no aguanta más excusas. Como exgerente de la Essmar, sé que la ubicación de la planta desalinizadora responde a criterios técnicos, no a caprichos. La ‘lucha de clases’ no puede ser la barrera que nos aleje de la solución definitiva al problema del agua. ¡Exigimos que el Gobierno Nacional cumpla su promesa!”, indicó la aspirante al Congreso.
Posición del presidente Petro
El presidente Gustavo Petro manifestó su desacuerdo con la instalación de la planta desalinizadora en Hidatama, al considerar que ese proyecto estaría orientado a favorecer principalmente intereses del empresariado hotelero. En cambio, sostiene que la infraestructura debería ubicarse en sectores vulnerables del norte de Santa Marta, como Taganga, San Fernando, Pescadito y Nacho Vives, donde sería estratégica para garantizar el acceso al agua potable en barrios que históricamente no han contado con este servicio, priorizando así a las comunidades más necesitadas por encima de intereses económicos privados.
