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Una denuncia que compromete a directivos del hospital local de Remolino, Magdalena, y a estructuras políticas del movimiento Fuerza Ciudadana fue radicada ante la Personería Municipal por la auxiliar de enfermería Nayibis Esther Borja Fontalvo, quien asegura haber sido desvinculada tras 33 años de servicio, en lo que califica como una represalia por no cumplir exigencias electorales.
De acuerdo con el documento presentado el 20 de abril de 2026, la trabajadora afirma que su contrato fue terminado este 31 de marzo por orden de directivas del hospital, en un contexto que —según su relato— estuvo atravesado por presiones sistemáticas para favorecer al movimiento político Fuerza Ciudadana en las elecciones parlamentarias del 8 de marzo.
“Según el documento presentado el 20 de abril de 2026 , la trabajadora afirma que la terminación de su contrato, ocurrida el 31 de marzo, habría sido ordenada por la gerente del hospital, Angeline Mercado Pacheco, y ejecutada en coordinación con Iván Montenegro, a quienes señala de estar vinculados a dinámicas políticas dentro de la institución”, se indicó en la denuncia.
La denunciante sostiene que a los trabajadores se les exigía garantizar al menos 15 votos, bajo advertencia de posibles consecuencias laborales en caso de incumplimiento.
El documento describe además un ambiente de presión sistemática, en el que, según su versión, los empleados eran obligados a participar en actividades proselitistas, difundir contenido político en redes sociales y entregar listados de votantes. Como soporte, se anexaron capturas de pantalla de conversaciones internas y registros de control electoral.
Borja Fontalvo asegura que su cargo fue ocupado el mismo día de su salida, lo que, a su juicio, evidencia que la decisión estaba previamente tomada y no respondió a criterios administrativos.
Este medio intentó comunicarse con Angeline Mercado Pacheco para conocer su versión frente a los señalamientos, así como con el funcionario mencionado, Iván Montenegro; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
La denuncia ya está en manos de la Personería Municipal, que deberá determinar si existieron presiones indebidas, constreñimiento laboral con fines políticos o posibles faltas disciplinarias. 
