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Lo que durante años fue vendido como un proyecto de transformación para Santa Marta y el Magdalena hoy aparece rodeado de investigaciones, cuestionamientos y procesos judiciales que golpean directamente al exgobernador Rafael Martínez y al movimiento Fuerza Ciudadana.
De acuerdo con el medio Opinión Caribe, el exmandatario acumula una década marcada por expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contratación pública, millonarios sobrecostos, convenios cuestionados y decisiones electorales que terminaron por poner a la justicia tras los pasos del líder político.
La Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado mantienen abiertos procesos que involucran algunas de las obras más representativas de las administraciones de Fuerza Ciudadana, proyectos que fueron presentados como símbolos de progreso pero que hoy permanecen bajo sospecha.
Uno de los casos más delicados corresponde a la remodelación de cinco centros de salud, contratos que derivaron en investigaciones por presuntas irregularidades en contratación y manejo de recursos públicos. El expediente ya ha tenido capturas, medidas de aseguramiento y audiencias anuladas.
A esto se suma la polémica Megabiblioteca de Santa Marta, una obra que superó los 52 mil millones de pesos y que ahora es investigada por posibles sobrecostos y presuntas inconsistencias contractuales.
Según el informe, las autoridades también tienen bajo revisión proyectos como el Coliseo de Gaira, el Centro Integral de Atención y un proceso de extinción de dominio sobre bienes presuntamente ligados a recursos obtenidos de manera irregular.
La Procuraduría, además, ha cuestionado contratos que terminaron disparando sus costos iniciales. Uno de ellos fue el de los parques barriales, cuyo presupuesto habría aumentado por encima de los límites permitidos por la ley.
Otro de los proyectos señalados es el Parque del Agua, una obra que pasó de costar 8.400 millones a cerca de 16.884 millones de pesos tras varias modificaciones y prórrogas.
Pero el golpe más fuerte para Rafael Martínez llegó en 2025, cuando el Consejo de Estado anuló su elección como gobernador del Magdalena por doble militancia, decisión que desató un terremoto político dentro de Fuerza Ciudadana.
Aunque hasta ahora no existe una condena definitiva, el cúmulo de investigaciones y procesos abiertos sigue debilitando la imagen del movimiento político que gobernó Santa Marta y el Magdalena durante casi diez años.
Lo que alguna vez fue presentado como una revolución política hoy enfrenta uno de sus capítulos más oscuros, con expedientes que amenazan no solo el futuro jurídico de Rafael Martínez, sino también la credibilidad de Fuerza Ciudadana en el Magdalena.
