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Un nuevo capítulo jurídico se abre alrededor de las elecciones atípicas a la Gobernación del Magdalena. A través de acciones de tutela, distintos sectores buscan que sea el Consejo Nacional Electoral —y no la Comisión Escrutadora Departamental— la entidad que declare formalmente al ganador.
Los demandantes argumentan que sus derechos fundamentales fueron vulnerados porque el CNE no resolvió a tiempo las solicitudes de revocatoria contra las candidaturas de Rafael Emilio Noya García y María Margarita Guerra Zúñiga.
Las tutelas piden, como medida cautelar, que se suspenda la declaratoria oficial de resultados hasta que el CNE determine si existió o no inhabilidad por coincidencia de periodos y doble militancia. Aunque la solicitud contra Noya no fue estudiada en Sala, la de Guerra sí contó con una ponencia inicial favorable, que posteriormente fue derrotada; sin embargo, el ponente terminó retirando su propio proyecto, lo que impidió que la decisión fuera socializada pese a estar anunciada.
De prosperar las pretensiones de los tutelantes, el CNE asumiría la responsabilidad de definir quién ocupará la Gobernación del Magdalena hasta el 31 de diciembre de 2027. Y si finalmente se revoca la candidatura de Margarita Guerra, el escenario jurídico y político quedaría reconfigurado: la contienda se reduciría a Rafael Emilio Noya García y Miguel Ignacio Martínez Olano, lo que abriría un debate mayor sobre la legitimidad del resultado y la estabilidad institucional del departamento.
