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En plena transmisión en vivo del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura reprimenda contra la entonces viceministra de Agua Potable, Ruth Quevedo, luego de que esta confirmara que la planta desalinizadora proyectada para Santa Marta sería construida en cercanías al hotel Irotama una zona que —según el mandatario— terminaría beneficiando principalmente a grandes empresarios nacionales e internacionales.
Visiblemente molesto, Petro calificó como “inaudito” que durante tres años se haya planeado una infraestructura estratégica de agua pensando en los sectores privilegiados de la ciudad, mientras amplios sectores populares del norte y sur de Santa Marta continúan padeciendo una histórica escasez del líquido vital. “El agua no puede ser un negocio para los ricos mientras los pobres siguen sin ella”, sentenció el presidente.
El jefe de Estado cuestionó con dureza la lógica técnica y social del proyecto, señalando que una planta desalinizadora financiada con recursos públicos debe priorizar a las comunidades más vulnerables y no convertirse en una solución a la medida de los grandes complejos turísticos, urbanizaciones exclusivas y conglomerados económicos asentados en la franja costera.
La intervención presidencial terminó con la salida pública de la viceministra, dejando claro que el Gobierno Nacional no avalará proyectos que, bajo el discurso del desarrollo, profundicen la desigualdad. El mensaje fue directo y sin rodeos: el agua es un derecho, no un privilegio, y cualquier obra que contradiga ese principio será revisada, frenada o replanteada.
