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La Universidad del Magdalena prefirió sepultar bajo calumnias al profesor Francisco de la Hoz mientras este sobrevivía en la indigencia, antes que brindarle la asistencia humanitaria que su condición de calle exigía.
Con una crueldad institucional asombrosa, la universidad utilizó su aparato de comunicaciones para tildar de "acosador" y "perseguidor" a un hombre vulnerable, fabricando un perfil criminal para justificar su abandono y lavarse las manos ante la opinión pública nacional.
Esta estrategia de infamia se desmoronó tras un fallo del Tribunal Superior de Santa Marta, que el 7 de noviembre de 2025 obligó a la institución a admitir que sus acusaciones de 2020 fueron inexactas y carentes de verificación.
La universidad reconoció finalmente que el docente nunca incurrió en actos de acoso o persecución, aceptando que sus afirmaciones temerarias carecían del contexto necesario y violaron los derechos fundamentales de un ciudadano sin defensa.
El contraste es indignante: una academia que presume de "sentido de pertenencia" le arrebató la honra a un antiguo miembro de su facultad cuando este dormía sobre el asfalto, cerrándole puertas con etiquetas falsas de injuria y calumnia. En lugar de activar rutas de apoyo para un académico de trayectoria en crisis, Unimagdalena optó por la estigmatización, demostrando que para su administración fue más sencillo difamar que mostrar un gramo de humanidad.
La rectificación forzada que hoy emite la universidad no borra el daño moral sistémico causado durante cinco años de desprestigio institucional. Este "mea culpa" judicial no nace de una ética renovada, sino de una orden legal que los expone como una entidad capaz de pisotear a los más débiles para proteger su imagen; una mancha de soberbia que ninguna fe de erratas podrá limpiar.
