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La antigua sede de la Cámara de Comercio de Santa Marta, conocida como “Casa Tres Puntas”, quedó bajo estrictas órdenes judiciales luego de que un juez determinara que su estado de abandono, el libre acceso y la presencia de personas no identificadas representan un riesgo para la seguridad y la integridad de quienes viven en el sector.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta amparó los derechos fundamentales de un ciudadano residente en inmediaciones de la Avenida del Libertador con carrera 14 y responsabilizó a la Cámara de Comercio, el Distrito de Santa Marta y la Policía Metropolitana por no haber evitado las condiciones de deterioro y ocupación que presenta el inmueble.
El fallo advierte que el predio, de aproximadamente 1.745 metros cuadrados, presenta puertas, ventanas, cubiertas y otras estructuras removidas, además de acumulación de escombros y accesos abiertos. Ante este panorama, el juez ordenó a la Cámara de Comercio implementar vigilancia permanente las 24 horas en un plazo máximo de 48 horas.
La decisión también establece que, posteriormente, deberán realizarse labores de cerramiento y sellamiento de todos los accesos, retiro de residuos e instalación de un mecanismo permanente de control, respetando las condiciones patrimoniales del inmueble. Estas medidas deberán ejecutarse dentro de los plazos establecidos en el fallo.
El Distrito, por su parte, deberá identificar a las personas que actualmente ocupen el lugar y ofrecerles las rutas institucionales de atención correspondientes. También tendrá que adelantar una inspección sanitaria y poner en marcha una actuación de policía administrativa relacionada con el mantenimiento y cerramiento del predio.
Mientras tanto, la Policía Metropolitana deberá reforzar e intensificar el patrullaje durante tres meses en el sector, especialmente en el tramo de la Avenida del Libertador y los alrededores de la Institución Educativa La Industrial.
La denominada Casa Tres Puntas había sido contemplada para convertirse en la Casa MIC, mediante un contrato de comodato con el Distrito; sin embargo, la Cámara de Comercio continúa siendo la propietaria del inmueble y aún no se ha producido la entrega material del bien.
El juez negó otras pretensiones de la tutela, entre ellas la relacionada con el derecho de propiedad privada del demandante y una solicitud de verificación migratoria de los ocupantes, al considerar que no existían pruebas suficientes para sustentarlas.
La decisión puede ser impugnada dentro de los próximos tres días. En caso de quedar en firme, será remitida a la Corte Constitucional para una eventual revisión. El incumplimiento de las órdenes judiciales podría derivar en un proceso por desacato.
