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Un nuevo y sismológico capítulo se abrió en el frente judicial colombiano tras la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abrir formalmente una noticia criminal y ordenar las primeras citaciones a indagatoria y testimonio en el marco del escándalo por la presunta instrumentalización y contratación irregular de 48 mujeres en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) durante la administración pasada.
El ente investigador determinó que la indagación preliminar sea asumida directamente por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, provista de un equipo técnico y especializado de policía judicial para recolectar elementos materiales probatorios.
Las primeras diligencias procesales obligarán a comparecer a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez, en medio de un expediente que indaga inicialmente por presuntos delitos de abuso de función pública y posibles irregularidades contractuales vinculadas a denuncias sobre el uso de puestos estatales.
Este movimiento judicial se desprende de las explosivas revelaciones públicas y denuncias formuladas sobre presuntos manejos discrecionales y favores en la Casa de Nariño, disparando una intensa tormenta política que pone bajo el microscopio institucional los filtros de contratación, la transparencia en el manejo de la administración pública y las responsabilidades directas de quienes ocuparon las altas esferas del poder ejecutivo.
