English
El termómetro de la indignación ciudadana está a punto de estallar. El polémico nombramiento de Sergio Aragón como gerente en propiedad del Hospital San Rafael de Fundación, uno de los centros asistenciales más importantes del Magdalena, se tambalea: al parecer, sus días al frente de la entidad estarían contados.
Carlos Aguilar, fiscal 11 contra delitos en la administración pública, ya le respira en la nuca a este nombramiento que ha levantado más que cejas en el sector salud. ¿La razón? Todo apunta a que Aragón no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo, pero aún así fue designado.
Según el acta número 002 del 7 de marzo de 2024 del Comité de Verificación de Requisitos y Competencias Laborales de la Gobernación del Magdalena, el médico no acredita la experiencia profesional necesaria en el sector salud. De hecho, su hoja de vida ni siquiera figuró entre las seleccionadas dentro de las 478 evaluadas en el proceso.
“Yo participé en esa convocatoria, y aunque sabía que algo no olía bien, me callé por miedo. Pero cuando supe que lo habían denunciado, dije: ‘por fin se hará justicia’”, expresó un médico aspirante, con tono de desahogo.
El escándalo crece en medio de un ambiente político ya sacudido por la anulación de la elección del exgobernador Rafael Martínez. La designación de Aragón, cercano al movimiento extinto Fuerza Ciudadana, alimenta la narrativa de favoritismos y posibles componendas políticas por encima de los méritos.
Pero el fiscal Aguilar no se queda de brazos cruzados. Ya tiene en su poder documentos clave entregados por los participantes inconformes: desde la carta de renuncia de Aragón a su anterior cargo en la Gobernación hasta la aceptación formal de esta, piezas fundamentales para trazar el mapa de las posibles irregularidades administrativas.
La pregunta que ronda es: ¿bajo qué criterios legales se nombró a una persona sin experiencia comprobada para dirigir un hospital de alta complejidad?
Este caso no solo destapa una designación dudosa. También sacude la confianza ciudadana en los procesos de selección de personal en el sector público, especialmente en áreas tan sensibles como la salud, donde la improvisación puede costar vidas.
