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Un nuevo escándalo de corrupción sacude a la región Caribe colombiana. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez enviara a prisión a nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), señalados de participar en un entramado que habría permitido el desvío y la apropiación irregular de más de 496.000 millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías.
Según las investigaciones, esta estructura habría operado entre los años 2020 y 2026 mediante la suscripción de 101 contratos con gobernaciones y alcaldías, para posteriormente subcontratar con empresas fachada, firmas de papel y personas cercanas a la organización, desconociendo los requisitos establecidos por la ley para la contratación pública.
Aunque Aremca fue creada para desarrollar actividades en los departamentos de la región Caribe, las autoridades encontraron que el presunto entramado extendió sus operaciones a distintas zonas del país, incluyendo Arauca, Cauca, Caquetá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Chocó, Norte de Santander y Santander.
La Fiscalía sostiene que detrás de esta red existirían múltiples irregularidades, entre ellas procesos contractuales sin estudios previos suficientes, direccionamiento de contratistas mediante listados cerrados de proveedores y la utilización de contratos de prestación de servicios para ejecutar actividades relacionadas con obras y suministros.
Los nueve procesados fueron imputados por delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito de particulares, prevaricato y concierto para delinquir agravado. Entre los capturados figuran exdirectivos, coordinadores y funcionarios vinculados a la asociación.
Las investigaciones también revelaron un presunto enriquecimiento ilícito de contratistas por más de 14.235 millones de pesos en al menos 23 contratos, además de posibles apropiaciones indebidas relacionadas con anticipos y ejecución contractual. A esto se suman anomalías por más de 20.000 millones de pesos derivadas de impuestos territoriales no cobrados y contribuciones omitidas destinadas al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Este caso es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción asociados a recursos de regalías en los últimos años y vuelve a poner bajo la lupa la gestión de entidades creadas para impulsar el desarrollo regional, pero que, según la Fiscalía, habrían sido utilizadas para estructurar una compleja red de contratación irregular con epicentro en el Caribe colombiano.
