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La protección asignada a Juliana Guerrero durante cerca de 18 meses representó un costo de $739 millones para el Estado, de acuerdo con las cifras entregadas por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco, durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes.
Según explicó el funcionario, el esquema estuvo activo entre marzo de 2025 y septiembre de 2026 e incluía una camioneta blindada y personal de seguridad. Durante la sesión no se detalló el número de escoltas asignados, debido a que esa información está cobijada por reserva legal.
La revelación se conoce semanas después de que Guerrero fuera condenada a tres años de prisión tras aceptar su responsabilidad por el delito de fraude procesal, relacionado con los títulos académicos que presentó para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. La condena fue resultado de un preacuerdo con la Fiscalía avalado por un juez.
Durante el debate, Blanco también expuso otros asuntos relacionados con el funcionamiento de la UNP. Entre ellos, señaló que la entidad pasó de manejar históricamente cerca de 900 contratistas por prestación de servicios a contar actualmente con unos 2.800, cuyos honorarios estarían entre $12 y $13 millones.
La UNP tiene bajo su protección a unas 12.000 personas y cuenta con diferentes tipos de medidas, que son asignadas de acuerdo con las evaluaciones de riesgo. En la misma sesión se revisaron casos como el de Guerrero y Gabriela Muñoz, además de la situación de vehículos blindados que permanecen en poder de algunos exfuncionarios después de haber terminado sus cargos.
El director de la entidad también informó sobre el esquema de protección de Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, quien cuenta actualmente con seis vehículos blindados y 16 hombres de seguridad, según lo expuesto ante los representantes.
